Preguntas frecuentes sobre recuperación de inmuebles
¿Es legal contratar un servicio para recuperar una vivienda ocupada?
Sí, siempre que la actuación se realice dentro de la normativa vigente. Los equipos especializados trabajan con mediación, verificación de la propiedad y apoyo jurídico, evitando cualquier acción que pueda considerarse coacción o allanamiento.
¿Quién puede solicitar la intervención?
Únicamente el propietario legal del inmueble o un representante con poder notarial válido. Es necesario acreditar la titularidad antes de iniciar cualquier proceso.
¿Qué documentación necesito para iniciar un procedimiento?
De forma general se requiere el DNI del propietario, el título de propiedad (escritura o nota simple), la dirección exacta del inmueble y, en algunos casos, denuncias o partes previos.
¿Cuánto tiempo tarda la recuperación de un inmueble ocupado?
Si la mediación es viable, el proceso puede resolverse en horas o pocos días. En situaciones más complejas, como cuando hay menores o procesos judiciales en curso, los plazos pueden alargarse.
¿Cuál es el coste de un servicio de desalojo extrajudicial?
Los precios varían en función de la complejidad del caso, la localización y los tiempos de intervención. Los rangos más habituales en el sector oscilan entre 1.000 y 3.000 €, aunque cada actuación debe presupuestarse de manera personalizada.
¿Qué diferencia hay entre un procedimiento judicial y una mediación privada?
El desalojo judicial se resuelve mediante resolución de un juzgado y puede prolongarse durante meses. La mediación extrajudicial busca una solución más rápida, siempre respetando la ley y los derechos fundamentales.
¿La cobertura es nacional y con atención 24/7?
Sí, la mayoría de empresas especializadas ofrecen disponibilidad en todas las provincias de España y servicios de urgencia 24 horas.
¿Qué riesgos existen si no se actúa con asesoramiento?
Sin apoyo profesional, la intervención puede derivar en delitos de coacción o allanamiento. Es fundamental que la actuación esté documentada y guiada por expertos legales.
¿Se aplica también a inquilinos morosos?
En los casos de arrendatarios morosos suele ser más adecuado un procedimiento judicial de desahucio. Sin embargo, puede complementarse con servicios de mediación y seguridad preventiva en el inmueble.
¿Qué incluye un presupuesto estándar?
Normalmente incluye: evaluación del caso, verificación documental, plan de mediación, desplazamientos y coordinación con asesoría jurídica. Es recomendable solicitar un desglose completo de los costes.
¿Se coordina con Policía o juzgados?
En situaciones legales y documentadas, la colaboración informativa con las autoridades es habitual. Ante un delito flagrante, es la Policía quien debe actuar directamente.
¿Cómo prevenir futuras ocupaciones ilegales?
Las medidas más efectivas son el refuerzo de cerraduras, instalación de alarmas, control de accesos y visitas periódicas. Además, la asesoría preventiva ayuda a reducir el riesgo de reincidencia.
¿Por qué existen polémicas en torno a estas empresas?
Los medios suelen publicar reportajes sobre las prácticas del sector. Por eso es importante elegir proveedores con trayectoria contrastada, legalidad garantizada y reseñas verificadas.